El largo siglo XVII
JOSÉ ANTONIO SEBASTIÁN 15 ENE 2012
La Guerra de los Treinta Años sumió a Europa en una época de dificultades. En España, la recesión fue más intensa y la recuperación, más lenta. La costosa política imperial y los desajustes regionales en el crecimiento fueron básicos. Castilla se abocó a la depresión, mientras las regiones costeras se rezagaban en la explosión mercantil del litoral europeo.
Las posibilidades de que España, en la Edad Moderna, se situase en el grupo de cabeza del desarrollo económico europeo eran escasas. En un mundo donde el sector agrario aportaba el grueso del PIB, carecía por razones medioambientales (clima, orografía, calidad del suelo, vías marítimas y fluviales) de recursos óptimos para ello. Pero las restricciones naturales no explican que el país, como sucedió, estuviese lejos de aprovechar entre 1450 y 1800 el potencial de crecimiento que aquellas permitían. Dos circunstancias históricas tienen, al respecto, gran relevancia: una, los desajustes que se operaron, principalmente, entre las economías del interior peninsular y del litoral mediterráneo durante largos periodos de los siglos modernos; dos, la duración e intensidad de la recesión que devastó las regiones del interior, las más pobladas y urbanizadas a finales del siglo XVI, entre 1580 y 1650, y la extrema lentitud de la recuperación posterior, que solo culminó avanzado el siglo XVIII.
Ambas apuntan a un largo siglo XVII, durante el cual la economía española se alejó del núcleo de Europa occidental. Hacia 1700, el escuálido aumento del tamaño demográfico y productivo de España había defraudado las perspectivas existentes en 1500 para una renovada colonización agraria de su superficie, tan vasta como poco poblada. Pese a sus dispares dotaciones de recursos, los resultados eran otros en los cuatro territorios que, junto al peninsular, registraban (exceptuada Escandinavia) las menores densidades demográficas del occidente europeo a comienzos del siglo XVI, Inglaterra y Escocia, Irlanda, Suiza y Portugal: de 1500 a 1700 estos pasaron, en promedio, de 12 a 25 habitantes por kilómetro cuadrado; España, de 11 a 15. Y al inicio del siglo XVIII, además, la posesión de inmensas colonias en América no podía compensar la desventaja que implicaba esa baja densidad demográfica (y económica). Ingleses, franceses y holandeses habían ido obstruyendo, durante el siglo XVII, el acceso a las producciones y los mercados americanos, al compás de la decadencia política y militar de la Monarquía hispánica.
La primera mitad del siglo XVII fue una época de dificultades en Europa pero, desde 1650, superado el peor periodo, coincidente con la Guerra de los Treinta Años, la recuperación se extendió y se consolidó. Arraigó entonces un proceso de concentración de la actividad económica y la urbanización en las zonas costeras. Este, impulsado por el progreso de la construcción naval, el desarrollo manufacturero y mercantil noroccidental y el incremento del comercio atlántico, convirtió a los litorales en los espacios más dinámicos de la economía europea.
En España, la intensidad de la recesión fue mayor en la primera mitad del siglo XVII y la recuperación posterior, con notables contrastes regionales, más tardía y dificultosa, lo que le impidió estar en primera línea del avance del componente marítimo de la economía occidental.
Las cifras de bautismos (ver gráfico 1) revelan que la población se redujo en todos los espacios peninsulares en algún momento del siglo XVII, pero con grandes diferencias. En el norte (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra), aunque la caída fue significativa de 1610 a 1630, el nivel inicial se recobró pronto y el aumento posterior supuso un crecimiento del 25% sobre aquel hacia 1700. En el área mediterránea (Cataluña, Valencia y Murcia), un descenso algo más suave y una recuperación más vigorosa propiciaron, en 1700-1709, un índice un 26% mayor que el de base.
Andalucía occidental arroja un primer contraste: tras siete decenios de estancamiento más que de declive demográfico, la posterior recuperación amplió el nivel de base un 18% hacia 1700, pero solo un 15% respecto de 1580-1589. Es el interior peninsular (Castilla y León, La Rioja, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura) el que muestra diferencias más rotundas: una contracción demográfica más temprana, duradera e intensa, seguida de una recuperación mucho más lenta; el índice 100 no se recobró hasta 1720-1729, y los niveles máximos de 1580-1589 solo se rebasaron 170 años después, en 1750-1759.
La difusión del maíz en las regiones cantábricas y la de diversos cultivos comerciales en las del Levante ayudan a explicar que ambos litorales viesen crecer sus poblaciones desde 1660-1670, alza que se aceleró en las zonas mediterráneas tras la Guerra de Sucesión. Pero tales progresos tardarían mucho tiempo en compensar el desplome económico y humano del interior. La revolución agronómica que conoció el litoral septentrional no se tradujo, durante décadas, en un vigoroso proceso de urbanización y diversificación de actividades productivas.
En cuanto al litoral mediterráneo, el desencuentro era más antiguo. Entre 1480 y 1580, el periodo de auge de la corona castellana, Cataluña registró una tardía salida de la crisis bajomedieval y una modesta recuperación poblacional (en 1591, tenía 11 habitantes por kilómetro cuadrado, la densidad demográfica del conjunto de España en 1500), el Reino de Murcia siguió estando muy poco poblado, y el de Valencia, aunque creció más en el siglo XVI, afrontó en 1609 la sangría demográfica de la expulsión de los moriscos, el 27% de su población.
Este desencuentro, durante el siglo XVI, seguramente supuso la pérdida de notables sinergias entre el interior castellano y las áreas levantinas. En la primera mitad del XVII, el desplome de aquel y el escaso vigor de estas contribuyeron a un sensible retroceso demográfico en el momento de arranque de la economía marítima europea. Después de 1650, cuando el litoral mediterráneo pasó a ser el espacio peninsular con mayor potencial de crecimiento, las regiones del interior siguieron sumidas en una recuperación desesperantemente lenta. Y el modo pausado con que el propio Levante fue ganando peso específico, al menos hasta 1720, hizo que los efectos de arrastre en el conjunto de la economía española tardaran en adquirir fortaleza.
Las sinergias perdidas por tales desajustes en el largo plazo constituyeron un relevante factor adverso para el crecimiento económico de la España moderna. Entrado el siglo XVIII, estas disparidades acabaron propiciando un vuelco trascendental en la distribución de la población y de la actividad económica, a favor de las áreas costeras y en contra del interior, vigente desde entonces.
La trayectoria productiva de la Corona de Castilla, salvo en su franja húmeda del norte, fue muy negativa entre 1580 y 1700. Los diezmos de los arzobispados de Toledo y Sevilla (ver gráfico 2), que abarcaban la mayoría de la Submeseta Sur y de la Andalucía Bética, quizá las regiones más castigadas, revelan una intensa contracción del producto cerealista entre 1580 y 1610, la reanudación de la caída en la década de 1630, su culminación en la de 1680 y una escuálida recuperación, al final, que permitió alcanzar, en 1690-1699, los índices de 1600-1609, un 31% inferiores a los máximos de 1570-1579.
El producto agrícola no cerealista (vino y aceite, básicamente) registró un descenso aún más abrupto, sobre todo entre los decenios de 1620 y 1680, situándose en el de 1690 un 45% por debajo del de 1570. En cuanto a la evolución del producto no agrario, la aguda crisis urbana que sufrió la corona sugiere un desplome de las manufacturas y del comercio. Entre 1591 y 1700, la tasa de urbanización se contrajo una cuarta parte, y las ciudades castellanas con 10.000 o más habitantes pasaron de 31 a 18 (de 37 a 22 en el conjunto de España). Además, el peso relativo de los activos agrarios aumentó mucho en las urbes de ambas Castillas, Andalucía y Extremadura, lo que implica que la contracción de las actividades económicas típicas de las ciudades fue mayor que el propio descenso de la población urbana.
Las dañinas consecuencias de la costosísima y prolongada política imperial de la Monarquía constituyen, seguramente, el factor que más contribuyó al desplome económico castellano del largo siglo XVII. Aquellas fueron ubicuas, económicas, políticas y sociales, y actuaron tanto a corto como a largo plazo. Para mantener la hegemonía política y militar en Europa, y defender el patrimonio dinástico, los Austrias acrecentaron sus bases fiscales, elevando tributos y creando otros nuevos, a fin de ampliar su capacidad de endeudamiento. Por ese camino, Felipe II había acumulado deudas equivalentes, a finales del siglo XVI, al 60% del PIB español, porcentaje que debió de crecer sensiblemente, al descender este y agrandarse aquellas, al menos hasta la Paz de los Pirineos de 1659.
La Corona de Castilla soportó el grueso de una escalada fiscal que, iniciada en el último cuarto del siglo XVI, cuando la economía castellana trasponía su cénit, alcanzó el suyo en 1630-1660, coincidiendo con el fondo de la depresión. Su primer crescendo, en la década de 1570, perturbó el comercio, aumentó la fragilidad de muchas economías campesinas, acosadas por el alza de la renta de la tierra, y empobreció a las clases urbanas, cuyas subsistencias ya venían encareciéndose. Imperturbables, la nobleza y el clero, total o parcialmente exentos de cargas fiscales y partícipes en las rentas reales, siguieron ingresando hasta fin de siglo abultadas rentas territoriales y diezmos, y vendiendo sus frutos a precios crecientes, con lo que se acentuó un intenso proceso de redistribución del ingreso en contra de la mayoría de los castellanos. Cuando las cosechas cayeron abruptamente en las décadas de 1580 y 1590, descenso propiciado por un cambio climático desfavorable que se sintió en toda Europa, las vías hacia la recesión y la contracción demográfica quedaron expeditas.
Desde 1600, los perniciosos efectos de la política imperial se multiplicaron por varios caminos.
- La escalada fiscal dependió de impuestos que gravaban el tráfico comercial y el consumo, recaudados por las autoridades municipales (en 1577, aportaron la mitad de los ingresos tributarios de la Monarquía; en 1666, el 72%). En núcleos pequeños, el recurso a repartimientos, según el número de yuntas o el volumen comercializado por vecino, perjudicó singularmente a los labradores que poseían las explotaciones más productivas y orientadas al mercado. En ciudades y villas, donde las cargas tributarias tendieron a concentrarse, la proliferación de exacciones sobre el consumo, especialmente de vino, aceite y carnes, deprimieron la demanda de tales artículos, ya menguante por el descenso demográfico y la concentración en el pan del gasto en alimentos efectuado por unos consumidores con menos medios. Ello, como muestra el gráfico 2, potenció orientaciones productivas contrarias a las actividades agrícolas y ganaderas más productivas, rentables y mercantilizadas, favoreciendo el cultivo de cereales, que ganó peso relativo, y el autoconsumo. Las manufacturas urbanas, por su parte, con su demanda deprimida por el desplome de las ciudades y el empobrecimiento de sus habitantes, afrontaron, al encarecerse numerosos productos básicos, la consiguiente tendencia al alza de los salarios.
- La Monarquía presionó a las haciendas municipales imponiendo donativos y servicios extraordinarios con creciente frecuencia, y la compra, obligada para evitar que cayesen en otras manos, de jurisdicciones y baldíos enajenados del patrimonio real. Aquellas se endeudaron y promovieron dos arbitrios muy dañinos: el despliegue de una fiscalidad propia, añadida a la regia mediante recargos locales de los tributos que gravaban el consumo, y el arriendo o venta de notables porciones de tierras municipales, hasta entonces de aprovechamiento comunal. Lo uno avivó la escalada fiscal y lo otro, al encarecer el sostenimiento del capital animal de las explotaciones agrarias, entorpeció aún más su desenvolvimiento. Estas, pese al fuerte descenso de la renta de la tierra desde 1595 o 1600, no salieron de su postración. Ello evidencia el radical empobrecimiento de muchos campesinos, y sugiere que, si la caída de las rentas territoriales (exigidas en trigo y cebada), pese a su magnitud, guardó proporción con la del producto cerealista, estas conservaron parte de su potencial para bloquear la recuperación del cultivo durante mucho tiempo.
- La almoneda del patrimonio regio y la presión sobre las haciendas locales tuvieron otra vertiente: lograr la colaboración de la nobleza y, más aún, de las oligarquías municipales para movilizar el descomunal volumen de recursos requerido por la política imperial. A nobles e hidalgos, la Monarquía les pagó desprendiéndose de rentas, vasallos, jurisdicciones y cargos, lo que reforzó el poder señorial. A las oligarquías locales, consintiendo que aumentasen su poder político, su autonomía en asuntos fiscales y su control sobre los terrenos concejiles; así, sus miembros lograron que sus patrimonios eludiesen la escalada fiscal e, incluso, consiguieron ampliarlos con comunales privatizados.
- A cambio del apoyo de las élites, los Austrias renunciaron a ampliar su autoridad, y ello tuvo dos efectos adicionales de capital importancia.
De un lado, una fiscalidad más heterogénea y una soberanía más fragmentada, con más agentes con prerrogativas para intervenir en los mercados y los tráficos, incrementaron los costes del comercio y bloquearon la integración de los mercados en el ámbito de la corona. En este sentido, el enésimo arbitrio de los Austrias para allegar recursos, la manipulación de la moneda de vellón, que perdió toda la plata que contenía y fue sometida a bruscas alteraciones de su valor nominal, generando correlativas oscilaciones de los precios, hizo más incierto el comercio y hundió la confianza en el signo monetario.
De otro, el progresivo control de la nobleza y las oligarquías locales sobre las tierras concejiles, la mayor reserva de pastos y suelos cultivables, aumentaron su interés por el ganado lanar, especialmente desde 1640, cuando volvieron a crecer los precios de las lanas exportadas. Grupos poderosos con intereses distintos (fuese participar en el negocio ganadero o restaurar los niveles de las rentas territoriales) hallaron entonces un objetivo común: obstaculizar el acceso de los campesinos y sus arados a dicha reserva de labrantíos. Ya entrado el siglo XVIII, cuando la población castellana se fue acercando a los máximos de 1580, este frente antirroturador constituyó un freno de primer orden a la expansión del cultivo.
En suma, las múltiples y destructivas secuelas de la política exterior de los Austrias que las regiones castellanas padecieron entre 1570 y 1660, ahondaron y prolongaron la depresión, primero, y obstaculizaron después, durante décadas, la recuperación. Esa política originó una formidable succión de recursos que dañó principalmente a los labradores acomodados, los artesanos y los comerciantes, a las actividades productivas más mercantilizadas y al mundo urbano, reorientando a la economía castellana por un rumbo poco propicio para el crecimiento económico. Hacia 1700, apenas se atisbaban signos de recuperación en los campos y ciudades del interior, los más esperanzadores se habían desplazado hacia el Norte y el Mediterráneo, y el grupo de cabeza de la economía europea estaba un poco más lejos.
Este apretado recorrido por la España del siglo XVII ofrece dos lecciones de actualidad. Una, que no hemos aprendido, subraya la conveniencia de mantener separados megalomanía y gasto público. La otra, que quizá aún podamos atender, concierne al reparto social del coste de las crisis económicas. La negativa de los más ricos y poderosos a soportar una parte proporcional a sus recursos, no solo atenta contra la justicia (o el bien común, en términos del siglo XVII); también deprime la economía. El incremento de la desigualdad, en solitario, no estimula el crecimiento; únicamente generaliza la pobreza. Y ambos juntos pueden alargar una recesión y bloquear por largo tiempo la recuperación posterior.
José Antonio Sebastián Amarilla es profesor titular de Historia Económica de la Universidad Complutense de Madrid
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